El precio de las pruebas falsificadas

Cuando el general Gonzalo Blu fue nombrado al frente del servicio de Inteligencia de Carabineros, se convirtió en pieza clave ante el gobierno y la opinión pública. Su cargo lo facultaba para investigar e informar sobre grandes casos político-policiales con apoyo de ingentes recursos y sin necesidad de revelar detalles. Sin embargo, el llamado “conflicto mapuche” terminó por derribarlo luego que en la Operación Huracán se detectara la existencia de pruebas falsas, supuestamente obtenidas con sofisticados recursos tecnológicos. Fue el inicio del fulminante derrumbe de la cúpula de Carabineros.

El general Bruno Villalobos, quien desaprensivamente se fue de vacaciones al Caribe cuando estalló el escándalo, tuvo que dar el clásico “paso al costado”. Ya había sobrevivido al megafraude detectado a fines de 2016. Nunca fue una insignificancia: se estima que al cierre de la investigación el monto alcanzará los 30 mil millones de pesos, apenas por debajo de la Teletón del año pasado que juntó 32 mil 500 millones de pesos.

El tema financiero es evidentemente grave. Revela un descuido sistemático y dejó la sensación de que a nadie le preocupaba el dinero “de todos los chilenos”. Ciper sumó una lista de 40 alertas que recibió el alto mando de Carabineros desde 2010 y que no fueron atendidas: “Compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles, son parte del menú que descubrieron decenas de inspecciones de Contraloría y reportajes de CIPER. La jefatura reforzó las unidades que manejan más recursos y les puso oficiales de inteligencia, pero no fue suficiente”.

Es como una letanía de que todo estaba permitido. Carabineros, en democracia, se había posicionado en un lugar destacado durante los gobiernos de la Concertación. Es comprensible: mientras el general Augusto Pinochet se mantuvo en la comandancia en Jefe del Ejército, se creyó que Carabineros era una garantía de respeto a la institucionalidad democrática. El precio que se pagó por esta confianza fue alto. Solo un ejemplo: las manifestaciones callejeras fueron duramente reprimidas sin que nadie pasara la cuenta.

Nada, sin embargo, tiene la gravedad de la acusación por asociación ilícita para la fabricación de pruebas falsas que recae, a juicio de la Fiscalía, en el general Blu y su equipo.

Se le ha dado -merecidamente- gran importancia al cúmulo de problemas financieros descubierto, pero lo que ha aflorando ahora implica una amenaza mucho mayor para la convivencia democrática.

Hace rato que la policía uniformada empezó a perder la confianza de la ciudadanía. El proceso ha seguido haciéndose cada vez más profundo. En junio pasado, la encuesta CEP reveló “una importante baja” en la confianza en Carabineros. La disminución quedó en evidencia cuando se destapó el millonario fraude, con una caída de 17 puntos porcentuales, situándose en 37 por ciento. En la encuesta anterior, la cifra había sido de 54 por ciento.

No se sabe todavía el impacto de los gravísimos cargos contra el general Blu. Pero terminará por conocerse. Entonces solo nos quedará exclamar, como el Chapulín Colorado: Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

A. S.
27 de Abril de 2018
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas