Queda mucho por saber

Carabineros de Chile nació en la primera mitad del siglo XX, durante el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. Según su Ley Orgánica Constitucional, “es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

La disposición citada reafirma lo que se planteó desde su creación: su carácter de “institución de carácter militar

Esta definición diferencia a Carabineros de las policías emblemáticas de países democráticos, como Scotland Yard o el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), todas civiles y subordinadas, sin dejar lugar a dudas, al poder civil.

Como cuerpo policial armado, Carabineros de Chile goza de un estatus especial: “es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal está sometido a las normas básicas establecidas en su ley orgánica constitucional, su estatuto, el código de justicia militar y reglamentación interna”.

Sobre la base de este carácter militar y que en Santiago tenía diez mil hombres adiestrados en el uso de las armas, Carabineros integró, desde el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar. Aunque tuvo un papel relativamente secundario durante la dictadura, ganó privilegios que nunca antes había tenido, incluyendo un inédito grado de autonomía. Hasta hoy goza de plena libertad para utilizar su presupuesto, que en el Congreso se aprueba en términos muy generales.

Los abusos en esta materia explican, después de décadas, las investigaciones judiciales que hoy pesan en su contra. Pero, sobre todo, al estar bajo la jurisdicción de la justicia militar a pesar de que formalmente volvió al Ministerio del Interior en 2011, goza de privilegios que no tiene ninguna otra institución.

La crisis actual, tras el escándalo del año pasado por el Plan Huracán, ha redoblado los cuestionamientos. Con un nuevo director general y un nuevo alto mando, miembros de Carabineros han incurrido una vez más en falsificar pruebas y en el uso de violencia excesiva.

Todos estos antecedentes hacen difícil la tarea del recién designado intendente de la Novena Región, Jorge Atton. Conforme las palabras del propio Presidente Sebastián Piñera es necesario “combatir la delincuencia y el terrorismo dentro del marco de la ley, pero con toda la fuerza de la ley”.

Es una declaración inobjetable. Pero, para que se pueda llevar a la práctica es indispensable que haya un mínimo de seguridades de que, por ejemplo, los carabineros no usarán las cámaras para grabar situaciones íntimas. De ser cierta esta versión que entregó el propio general director Hermes Soto, estamos en el peor de los escenarios, uno en el cual los instrumentos que el Estado confía en sus funcionarios (los que tienen carácter de ministros de fe) son mal usados y se inutilizan cuando podrían ayudar a resolver casos cruciales.

Esta compleja madeja recién empieza a desenredarse. Las autoridades de gobierno, los Carabineros y los fiscales y peritos forenses tienen todavía mucho que decir.

A. S.
Noviembre de 2018
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas