Ya era hora: Obligados a rectificar la mentira

Columnista invitado: Margarita Pastene Valladares
Presidenta Nacional Colegio de Periodistas de Chile
Santiago, 14 de abril de 2019

A propósito de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de protección y ordenó a la empresa periodística Copesa S.A. a rectificar la noticia que publicara La Tercera sobre la ejecución de Jorge Oyarzún Escobar y Juan Escobar Camus, el Colegio de Periodista de Chile ha considerado este hecho como histórico y una oportunidad única para interpelar a la prensa que en dictadura actuó como cómplice directo en el ocultamiento de la verdad de los crímenes de lesa humanidad.

La acción cautelar presentada por Paola Oyarzún Escobar, hija y sobrina de los sindicados como subversivos por ese medio, fue acogida en fallo unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada que integraron los ministros Dobra Lusic, Leopoldo Llanos y la abogada (i) Carolina Coppo. En diciembre de 2016, ya la justicia había establecido que Jorge Oyarzún y Juan Escobar fueron en realidad víctimas de un crimen de lesa humanidad, lo que fue ratificado por la Corte Suprema, posteriormente.

Si bien el diario El Mercurio se apresuró a rectificar la información de la versión entregada en 1973, el diario La Tercera no tuvo ningún interés en aclarar la verdad de los hechos.

La versión dada a conocer por los medios sobre este caso, en octubre de 1973, señalaban que las víctimas, luego de atacar con disparos una población militar, habían huido y que los militares tuvieron que perseguir a los estos “terroristas”. Luego de capturarlos habían cumplido con lo dispuesto el Bando N° 24, ejecutándolos en el mismo lugar. La verdad era diametralmente opuesta: los jóvenes fueron detenidos y asesinados en las cercanías de las calles Nataniel y Arauco, por un militar.

La Corte fundamenta su decisión, teniendo presente que “en el orden internacional el derecho de rectificación o respuesta se encuentra expresamente reconocido a favor de los individuos que se sienten perjudicados o afectados negativamente por alguna publicación periodística emanada de un medio de comunicación social”.

Agrega que “el derecho a la rectificación comprendido dentro de la libertad de expresión, por cuanto a pesar de haber atribuido a las víctimas una participación culpable en los hechos falsos de que daba cuenta la crónica, no ha ajustado actualmente su actuación a la exigencia de permitir a los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que aclare la anterior, falsa y agraviante”.

Luego de todos los casos de condenas por violaciones innegables a los DD.HH., que el propio diario La Tercera ha tenido que informar porque dada la gravedad de las evidencias con autores confesos y encarcelados, los medios, en general, no han ha podido esquivar estas realidades y han estado obligados a informar.

No obstante estos mismos medios, han intentado pasar desapercibido respecto de su responsabilidad de lo que informaron en dictadura a la ciudadanía. Es más, no han tenido ningún interés en rectificar de motu proprio. Tuvo que venir una Corte a obligarles a pedir disculpas y decirle al país que mintieron sistemáticamente. La condena a La Tercera, es una condena a todos los medios involucrados en el ocultamiento de la verdad.

El Colegio de Periodistas, ha señalado que esta es una oportunidad histórica, para exigir a todos los medios que ocultaron, negaron, tergiversaron y generaron verdaderos montajes informativos en un inexcusable rol de cómplices directos de la dictadura cívico-militar, que tengan la decencia de decir perdón. El país lo merece.

Si bien por años hemos denunciado como gremio, que estas prácticas son ilegítimas y totalmente alejadas de la ética periodística ocurridas en nuestro país, a través de nuestros Tribunales de Ética y Disciplina hemos sancionado duramente a autores intelectuales y directos de los montajes periodísticos en los medios de comunicación que colaboraron con la dictadura. Hoy creemos que ha llegado la hora de asumir una responsabilidad mayor ante al país.

Solo con la verdad y la rectificación de esta ignominia, podremos mirar con la frente en alto a las futuras generaciones de periodistas y a nuestra sociedad.