Bonvallet sentenciado

Una indemnización de diez millones de pesos, una multa de 20 UTM (casi 620 mil pesos) y 61 días de prisión remitida es el precio -salvo que prospere su apelación- que debe pagar Eduardo Bonvallet, autoproclamado "gurú" de las comunicaciones, por la forma como se refirió al diputado Rodolfo Seguel en un programa de radio. Según el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes, sus expresiones, "en que se imputan vicios y falta de moralidad, por su naturaleza y connotación, afectan y perjudican gravemente el honor, crédito personal, intereses y fama" del parlamentario.

El hecho resulta doblemente lamentable. Situaciones como éstas son las que dan armas a quienes creen que a los periodistas -por decirlo de manera suave- "hay que tenerlos cortitos", incluso cuando se trata de alguien que no pertenece a la profesión. Pero, sobre todo, lo ocurrido es un fracaso de un gran esfuerzo por encauzar las quejas contra el periodismo y los medios hacia instancias no judiciales. En el caso de Bonvallet, hay que recordar que este fallo fue precedido de múltiples llamados de atención a los medios que le dieron acogida. El resultado que se buscaba: morigerar su lenguaje, se frustró hasta ahora debido a que Bonvallet no lo cambió, sino que buscó otro alero desde donde proseguir con sus andanadas.

Los periodistas y los medios de comunicación chilenos creemos en la autorregulación. Es política tanto del Colegio de Periodistas como de la Federación de Medios. No es un mero discurso: esta posición se expresa a través del Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio y del Consejo de Etica de los Medios. Más de 130 fallos y dictámenes del Consejo dan cuenta de una labor que ha ido "rayando la cancha" para el ejercicio ético del periodismo. ¿Por qué no hay más fallos? En parte por desconocimiento. Todavía muchos lectores de diarios y revistas o auditores de radio o telespectadores no saben que entre el enojo estéril y las demandas ante los tribunales, existe un camino más directo, menos oneroso y más efectivo para solucionar sus agravios.

Al Colegio de Periodistas le pasa algo parecido. Privado por ley de la tuición ética que tuvo desde su nacimiento, igual que todos los colegios profesionales se ha esforzado por mantener vigentes en forma voluntaria sus estándares de conducta. La reestructuración de sus estatutos buscó garantizar que no se caerá en la trampa más frecuente: la reacción corporativa, que tiende a minimizar y restarle importancia a las infracciones cometidas por sus asociados. Como al Consejo de la Federación de Medios, también al Tribunal de Etica y Disciplina le falta más difusión de su existencia, de sus fallos y de la forma cómo opera.

¿Fue eso lo que pasó en el caso del diputado Seguel, cuando se sintió vejado por los comentarios de Eduardo Bonvallet? No lo sabemos con certeza. Sí creemos que cuando se acude a los tribunales, se corre el riesgo de estrechar más los límites de la libertad de expresión y cunde la tentación de imponer más restricciones. Ya que el propio Seguel ha dicho que no es el dinero de la indemnización lo que le interesa, si hubiera recurrido a alguna de las vías de a autorregulación el correcto ejercicio del periodismo habría salido reforzado.

Después de todo, eso es lo que realmente interesa.

Publicado en el diario El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas en Agosto de 2005