El derecho a expresarse

No fue “mera coincidencia”. El mismo día en que la Presidenta Michelle Bachelet, insistía en que debe aprobarse con rapidez el Instituto de Derechos Humanos “una herramienta necesaria y una respuesta del Estado a un tema sensible y prioritario”, un centro especializado de la Universidad Diego Portales entregó su quinto informe anual sobre derechos humanos.

La presentación la hizo el propio rector del plantel, Carlos Peña, y en el comentario estuvieron la diputada Carolina Tohá y el periodista Matías del Río.

Los derechos humanos han sido una preocupación permanente de la Universidad Diego Portales en sus 25 años de existencia. Precisamente sus sorprendentes afirmaciones sobre la detención de Ricardo Lagos en la noche del atentado contra el general Pinochet, le costaron el puesto a Francisco Javier Cuadra, su segundo rector, hace un par de años.

El planteamiento del informe, que ocupa un libro de 428 páginas, es categórico. Según el abogado Nicolás Espejo, director del Centro que lo preparó, “los derechos humanos constituyen una de las bases normativas fundamentales del sistema democrático y, por tanto, no puede haber un Chile democrático sin plena protección de los derechos fundamentales”.

Comentó: “Sin perjuicio de los avances observados en materia de consolidación de la democracia y respeto de los derechos fundamentales en Chile, el país aún presenta graves deficiencias en estas materias”.

El detalle de los avances y las deficiencias en este campo requiere una atenta lectura. El informe está ordenado en once capítulos. Comprenden desde la libertad de expresión a los derechos de los pueblos indígenas y, aparte de temas tradicionales en el área (“impunidad y violación a los derechos humanos del pasado”), introduce o profundiza temas nuevos: mujeres, medio ambiente, minorías sexuales, refugiados y personas con discapacidad. Según el comentario de Matías del Río, solo faltó un capítulo: el de la educación.

Respecto de la libertad de expresión se anotan avances en lo que se refiere a la prensa, pero se recogen las inquietudes respecto de la distribución de la publicidad estatal. Igualmente se menciona la preocupación por la concentración de la propiedad de los medios, cuyo último capítulo es la compra de la cadena Iberoamerica Radio por parte del consorcio Prisa de España.

En este apartado, el informe apunta destacadamente a las dificultades con que tropezaron el año pasado para hacer vale su opinión los “pingüinos” y otras organizaciones ciudadanas. La posición del informe es que las protestas callejeras y las “tomas”, en un escenario “donde los mecanismos tradicionales de participación han fallado”, se han constituido en herramientas de petición a la autoridad y también de denuncia de abusos.

No se mencionan –eso sí- los actos de vandalismo y saqueo que, más de una vez, han derivado de ellas.

Publicado en el diario El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas en Septiembre de 2007