La Geisha y la ética periodística
En año y medio Anita Alvarado, la llamada "geisha" chilena, ha hecho un recorrido completo por el universo de los medios chilenos. Desde que fue descubierta y bautizada en diciembre de 2001 hasta esta semana, cuando una jueza santiaguina pidió investigar las acusaciones que se le hicieron en el programa "Contacto", más que su existencia real parece importar la construcción virtual que han hecho de ella la televisión -sobre todo la televisión- y los diarios. Este notable desempeño en el mundo medial pudiera estar llegando a su fin. Al anunciar una querella contra Canal 13 por las acusaciones emitidas en "Contacto", podría tropezar con un hecho inédito: las consecuencias de su negativa a hablar con cualquier medio que no sea Televisión Nacional, con la cual la liga un contrato de exclusividad. Mientras la justicia investiga y dicta órdenes de arraigo, el abogado de Anita Alvarado, Marcelo Betancourt, anunció que presentaría una querella contra el Canal 13 y contra los responsables de las supuestas injurias emitidas en contra de su representada. Si se plantea el tema de la eventual unilateralidad de la información, la exclusividad convenida con Televisión Nacional también podría subir a los estrados judiciales. La obligación ética de dar oportunidad para que una persona o institución afectada por una denuncia efectúe sus descargos no es una preocupación nueva. En Chile el Consejo de Etica de los Medios ha sostenido que "siempre se debe dar oportunidad a las personas afectadas negativamente por la investigación, para que proporcionen su versión de los hechos en los que aparecen involucrados". En un dictamen de junio de 1997 fue preciso: "El medio dará a los afectados con la denuncia la oportunidad de expresar sus puntos de vista dentro del mismo tiempo y espacio en que ella se publique o señalará la razón por la cual no aparece recogida la opinión de las personas afectadas". No siempre, sin embargo, es posible incluir la versión de la parte afectada. Se ha dicho que si se obligara a incluirla, bastaría con que dicha parte se negara a dar una entrevista para bloquear la publicación de un reportaje de denuncia. Por eso, una vez más, se recomienda combinar la prudencia con el cumplimiento de la obligación profesional de informar. Los medios, ha sostenido el mismo Consejo de Etica, como parte de su servicio a la sociedad, pueden "descubrir o denunciar actos ilícitos de trascendencia". Pero ¿qué pasa si, como podría ocurrir en este caso, hay un contrato por el cual la parte afectada se inhibe de hablar? Parte de la respuesta se podría tener en los próximos días, cuando Televisión Nacional entregue la versión de Anita Alvarado. Pero ciertamente ello no podría satisfacer la legítima necesidad del resto de los medios -audiovisuales y escritos- que quisieran asegurar su propio acceso a dicha versión. Tal vez la verdadera respuesta de este dilema esté en lo que opinaron numerosos participantes en el programa "El termómetro" de Chilevisión, el miércoles pasado: es demasiado el tiempo que se le da a una persona acusada de varios delitos, que se ha ufanado de ejercer la prostitución y cuya propia familia, con tristeza, ha expresado su dolor por lo que dice y hace en sus apariciones en pantalla. Abraham Santibáñez
Publicado en el diario El Sur de Concepción el sábado 5 de julio de 2003 |