Verdades judiciales y verdades periodísticas

Un sacerdote, acusado de abusos de un menor, es finalmente absuelto por la Corte Suprema. Un dirigente político, escarnecido públicamente, convertido en símbolo de la corrupción, es absuelto igualmente. Antes, otro político, de muy distinto color, aunque nunca enfrentó directamente a la justicia, sale indemne de graves acusaciones hechas en su contra en la televisión y los medios informativos.

Pero ¿han salido realmente indemnes? ¿Hasta qué punto la sospecha perseguirá por años y años a estos personajes? ¿Qué pasará con ellos mismos y con sus familias? ¿Qué garantía tienen que en diez, 20 o 30 años más, un reportero poco acucioso descubra las acusaciones, llegue incluso a las sentencias en primera instancia, y con ellas reproche a sus descendientes o amigos o, en el caso del sacerdote, a su congregación?

En Chile la verdad judicial la determina, finalmente, la Corte Suprema. A veces, excepcionalmente, se recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se trata de situaciones aisladas. Esta verdad judicial muchas veces coincide con la sentencia anticipada por que la opinión pública para presuntos asesinos, pederastas, violadores, ladrones o corruptos.¿Cómo no hacerlo cuando los servicios policiales detienen a un personaje literalmente “con las manos en la masa” o, para deleite de los especialitas de la crónica roja, “manchadas de sangre”? ¿Cómo no hacerlo cuando prestigiosos dirigentes políticos sentencian que alguien está involucrado en negociaciones dolosas o ha recibido “coimas”? ¿Cómo obviar la certeza que le da al periodista la condena en primera instancia?

Los casos del sacerdote Antonio Larraín, de Punta Arenas, y del ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini fueron considerados “emblemáticos” en el momento en que una gran mayoría los consideraba culpables. Hoy día, en cambio, representan el otro extremo: han sido absueltos, pero pesa sobre ellos el baldón de la acusación repetida incansablemente.

Lo acaba de decir Tombolini: “Lo importante es que hay que asumir siempre la presunción de inocencia de los seres humanos. ¡Es tan fácil destruir, es tan fácil, y es tan difícil reconstruir!". Lo dijo la congregación salesiana:

-Nos parece necesario una reparación pública del buen nombre del P. Antonio Larraín ( ..) Sabemos del dolor que le ha causado a él y a su familia todo este proceso, especialmente cuando se ha dudado de su honorabilidad y credibilidad…

La presunción de inocencia vale a lo largo de todo el proceso. No es solo una exigencia inicial, que se expresó en el cambio de la terminología que impuso la reforma procesal penal. Es una consideración de fondo, que busca resguardar la esencia de la honra de las personas. Nadie duda de que los culpables, especialmente cuando se trata de delitos atroces, deben ser castigados. Pero no siempre nos percatamos que aún más importante es la preocupación por no cometer errores.

Las personas, especialmente las víctimas o sus parientes, reacción naturalmente con indignación cuando creen tener entre sus manos un culpable..En los últimos meses, según hemos visto en la televisión, ha habido casos de “detenciones civiles”, que en rigor son manifestaciones brutales de masas descontroladas. Ha pasado con delincuentes o con personas que han sido acusadas de serlo. En Santiago ha empezado a pasar con los símbolos de la máxima frustración: las deficiencias del Transantiago. Pero ello no cambia la esencia de su irracionalidad.

Si aumenta, en cambio, la responsabilidad de los periodistas y los medios que,. Naturalmente, deberían ser más cuidadosos en estos casos.

20 de mayo de 2007