Los damnificados del temporal Spiniak
El Caso Spiniak no es el más largo de la historia judicial chilena. Tampoco es el que implica a más personas. Pero, en los nueve meses transcurridos desde la detención de su protagonista principal, es sin duda el que ha causado más damnificados. En una trama que parece extraída de los archivos de la miseria humana, se han revelado ocultas situaciones personales y conductuales: un juez fue sancionado, un alcalde debió renunciar a su segura reelección, una diputada ha sido condenada al ostracismo en sus propias filas, un obispo fue llamado a declarar y, en los últimos días, un sacerdote y una prominente testigo fueron procesados y enviados a la cárcel. Junto con ellos, tres periodistas también han sido sometidos a proceso por la jueza Eleonora Domínguez que investiga las denuncias de la UDI de un montaje en su contra. Pero a esta lista, como las que surgen después del paso de un temporal, se siguen agregando víctimas. La UDI, que cantó victoria por el procesamiento de Gema Bueno y el sacerdote Artiagoitia, debió lamentar la caída de Juan Díaz Sepúlveda, dirigente poblacional, sometido a proceso por sus investigaciones paralelas. Antes, el ahora presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, estuvo en Capuchinos, en otra secuela del caso, en que también están procesados otros periodistas y funcionarios de Chilevisión. La amplitud del reparto de los involucrados, directa o indirectamente, en el caso difícilmente ayuda a entender el tema de fondo. Como se han quejado algunas personalidades que dieron su opinión sobre el tema, parece que nadie se acuerda de las víctimas, en especial los niños abusados sexualmente. La mejor demostración del ambiente de confusión que reina en la opinión pública se aprecia en las respuestas de los consultados por especialistas de la Universidad Diego Portales por cuenta de Publimetro. Cuando se les preguntó: En el caso Montaje denunciado por la UDI, usted ¿a quien le cree?, la mayoría (61 por ciento) dijo que a nadie. Las respuestas restantes se dividieron entre quienes le creen a la UDI (21,3 por ciento) y quienes le creen a Gema Bueno y al Cura Jolo (17,7 por ciento). Pese a la baja valoración del testimonio del sacerdote Artiagoitía, los consultados estiman mayoritariamente (61 por ciento) que la Iglesia Católica debería respaldarlo en su actual procesamiento y detención. Sólo cuatro de cada diez consultados (39 por ciento) creen que no debe recibir el respaldo de las autoridades eclesiásticas. En este caso, aparte de los denunciantes y denunciados, o de quienes deben intervenir como administradores de la justicia, hay un sector importante, los periodistas que, de observadores, se convirtieron en actores. Primero, como ya se señaló, fue Alejandro Guillier y sus colegas de Chilevisión. Ahora , la jueza Domínguez abrió proceso contra tres profesionales: Paulina de Allende-Salazar y Marcelo Simonetti, de Televisión Nacional, y contra Emilio Sutherland, de Canal 13. A primera vista, dado que la actuación periodística ha recibido algunos reproches éticos, se podría pensar que el público estaría de acuerdo con que también los profesionales de la prensa sean castigados. Por lo demás, es frecuente la acusación de que los periodistas lo que no saben, lo inventan. Esta vez, sin embargo, no se inventó nada. Lo que ocurrió fue que los canales Nacional y Trece, como antes Chilevisión, han usado imágenes que pueden tener reparos desde el punto de vista ético, pero que ningún especialista en la materia ha considerado un delito ni tampoco cree que deben castigarse con penas de cárcel o con multas. Tanto el Colegio de Periodistas como los dirigentes de las organizaciones de medios, respaldaron a los profesionales. El nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Luis Sommers, fue enfático: Haberlos procesado (a los tres periodistas) atenta absolutamente contra la libertad de expresión. Esta es, precisamente la opinión de los consultados por la Universidad Diego Portales. Frente a la pregunta: ¿Considera usted que la prensa cumplió con su deber en el caso Spiniak? La mayoría (62 por ciento) responde categóricamente que sí. El resto (38 por ciento) tiene una opinión negativa. Y, respecto del tema de fondo, ante la cuarta pregunta, referida a si el procesamiento de periodistas vulnera la libertad de expresión, un porcentaje también mayoritario (57,3 por ciento) responde que sí, contra el 42,7 por ciento que cree que no. Lo de esta semana es apenas un episodio de una serie larga. Seguramente habrá más damnificados, incluyendo otros periodistas, ¿qué duda cabe?
Publicado en el diario Publimetro (se puede leer en linea desde metropoint.com) el 30 de Julio de 2004 |