El verdadero dilema ético

Santiago, 24 de Marzo de 2002

El debate acerca de la situación de Fernando Bustamante ha pecado, como suele ocurrir, de simplificaciones. Aunque es posible que no prospere, ya se anunció la presentación de un proyecto de ley para impedir que los directores de las empresas del Estado o en las que tenga injerencia, sean al mismo tiempo directores de empresas privadas, como es el caso de la Telefónica.

Entre quienes justifican esta "doble militancia" se ha repetido un argumento escuchado en forma reiterada en las últimas décadas: es necesario garantizar la eficiencia y eso, debido a que el Estado no paga bien, solo se logra con empresarios "en comisión de servicios" del sector privado. Aunque realista, esta posición deja deliberadamente en el olvido el hecho de que en el pasado hubo empresas del Estado administradas con eficiencia y honestidad.

Como fuere, es un hecho que no parece haber impedimento ético para que una persona trabaje para el Estado y para los privados... Pero no es tema que se zanje con un par de frases. Puede ocurrir, por ejemplo, que se trate de empresas que compiten en un mismo sector o donde haya una relación directa entre los negocios de una y de otra.

Pese a ello, sería un error dejar que prosperara la iniciativa parlamentaria de restringir el acceso a los directorios de las empresas del Estado por la vía de las incompatibilidades absolutas.

Pero hay casos, como el que ha desatado este torbellino, en el cual nadie pone en duda la honorabilidad de Fernando Bustamante, en que sí se puede cuestionar su criterio y el de quienes lo respaldan incondicionalmente. Aquí, por lo menos, cabía esperar que se inhabilitara al momento de tomar la decisión de demandar al Estado, su otro "patrón".... que por cierto no es cualquier patrón, sino que representa a todos los chilenos, todos los cuales nos veremos afectados por el resultado de la millonaria demanda de Telefónica.

Para el gobierno, al cual la oposición le ha atribuido tanto maquiavelismo en el "manejo comunicacional", este episodio es apenas uno más en la serie de tropiezos en su relación con la opinión pública. Mientras los índices "macro", como se dice ahora, incluyendo el más temible, el de la cesantía, apuntan a una paulatina mejoría, cualquier persona que se informe por la prensa, la radio o la televisión llegaría a la conclusión de que el país vive en el caos y que las autoridades pecan de permanente inepcia. No es así, felizmente, pero en una época en que se vive de percepciones y esas percepciones se transmiten a través de los medios masivos de comunicación, es evidente que este es un aspecto descuidado, donde no hay una mano y un respaldo profesionales.

Volviendo al tema central.

Si el llamado "Caso Bustamante" se plantea en términos éticos nuestra opinión es que no habría incompatibilidad. No cabría, en consecuencia, prohibir que empresarios con experiencia apoyaran la gestión del gobierno en áreas determinadas, teniendo en cuenta las salvedades anotadas.

Pero si se genera un conflicto de intereses, es decir un clásico dilema ético, no es suficiente argumento el que ello sea "legal". Es lo mismo que ocurrió con las indemnizaciones: la letra de la ley no es necesariamente garantía de una conducta ética.(Y la opinión del Presidente de la República no debería variar si se trata de un militante socialista, amigo suyo, como Bustamante, o de un militante DC).

Es lo que, sin profundizar en otro tema, habría que recordar también a los ministros de la Corte Suprema que renunciaron -como Servando Jordán- en la víspera de su cumpleaños número 75. Respetaron la letra de la ley, pero ciertamente no su espíritu ni la buena fe del legislador ni de sus compatriotas que son -al final- los que pagamos la cuenta....

Abraham Santibáñez