En un largo largo documento –se puede ver, aunque se necesita paciencia, en la página web del diario El País, de España- el juez Baltasar Garzón decidió en la semana procesar y pedir la extradición de 98 militares y civiles argentinos.
El razonamiento del controvertido juez español no responde a un capricho ni a falta de reflexión. Por el contrario, analiza en detalle las acusaciones y las disposiciones internacionales aplicables contra quienes torturaron e hicieron desaparecer –o decidieron la desaparición- de cientos de personas durante los regímenes militares de los años 70 y 80. Con la misma lógica, poco después anunció que emprendería similar acción contra los responsables de crímenes bajo los regímenes militares de Brasil.
Se puede estar de acuerdo o no con los afanes Garzón por hacer justicia más allá de las fronteras de España. Igualmente se puede entender que se haya convertido en estrella en encuentros internacionales y, como si fuera poco, también se destaque, cuando es menester, como jugador de fútbol.
Lo que no es tan fácil de comprender, y así lo han manifestado altos dignatarios argentinos -tanto el Presidente Menem, que sale, como De la Rúa, que llega- es su afán de imponer unilateralmente a todo el mundo su visión del modo de hacer justicia.
Garzón no sólo se enfrenta con casos donde el proceso de transición hizo inicialmente difícil el trabajo de los tribunales sino que ahora las emprende con situaciones donde ya fallaron jueces competentes y, en virtudes de leyes aprobadas como corresponde, se habían cerrado los casos. El primero es, obviamente,. el caso de Chile. El segundo, el de Argentina. Y, al sumarse los casos, parece repetirse la vieja historia: tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe.
El tema de fondo es, naturalmente, el surgimiento de conceptos nuevos en materia de justicia: salir del ámbito estrecho de cada país para -igual como ocurre con la economía, la información, la entretención y muchos otros aspectos de la vida cotidiana- entrar en la era de la globalización. Pero este es un tema que recién empieza a perfilarse.
El medio siglo transcurrido desde los juicios de Nurenberg todavía deja vacíos en esta delicada materia. La justicia que se aplicó al final de la Segunda Guerra Mundial contra alemanes y japoneses se basó fundamentalmente en el derecho de los vencedores. Se plantearon figuras jurídicas inexistentes en el momento en que se cometieron los delitos, pero es evidente que la tortura, el asesinato y los crímenes masivos son delitos en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
En las décadas siguientes, sin embargo, pese a la creciente conmciencia acerca de la importancia del respeto a los derechos humanos, no se logró consenso. La defensa de la soberanía no es cuestión secundaria para nadie. En especial para los países pequeños, su mejor (tal vez la única) arma es un orden internacional que garantice el respeto a sus derechos y los de sus ciudadanos. Por eso, para muchos chilenos, cualquiera sea su postura sobre lo ocurrido en esta materia en el último cuarto de siglo, el episodio de Londres y la detención del senador vitalicio Augusto Pinochet ha tenido el sabor amargo de la impotencia y la indefensión.
Hoy Argentina, que ha incursionado -con fortuna relativa- en el ámbito de los "grandes" se ve enfrentada al desafío de un juez español que cree que puede poner en su balanza los delitos que se cometieron bajo el régimen militar, que fueron jugados y finalmente amnistiados.... Y mañana podría intentar lo mismo con Brasil.
Es difícil que alguien lo acepte fácilmente. Tal vez, para usar otro proverbio, este afán puede terminar por romper el saco. O, peor, postergar el verdadero interés de la justicia globalizada por largo tiempo.
A.S.
(Publicado en El Sur. Concepción. 6 de noviembre de 1999)