La postura del CDE frente a los crímenes contra la humanidad cometidos en Chile.
Columnista invitada: Carmen Hertz En nuestro país la discusión acerca de las sistemáticas y masivas violaciones de los derechos humanos implementadas contra los opositores políticos durante la dictadura militar ha estado contaminada de distorsiones, mentiras, y un perturbador autoengaño de parte importante de los sectores hegemónicos del país que trastoca los valores axiomáticos más preciados de la humanidad: protección irrestricta de los derechos, justicia y equidad. Podemos afirmar que no existen para la conciencia civilizada de la humanidad crímenes más odiosos y brutales que el genocidio y los crímenes contra la humanidad, particularmente la desaparición forzada de personas, método de exterminio implementado por las dictaduras militares que se impusieron en los países del Cono Sur en la década de los setenta. A partir del descubrimiento horrorizado que la comunidad internacional hace del holocausto nazi, se asumió la necesidad de regular penalmente diversas conductas delictivas, que a partir del juicio de Nuremberg se conocieron como crímenes contra la humanidad. En definitiva, después de una larga travesía, la comunidad internacional estableció, a través de tratados y normas consuetudinarias de ius cogens (es decir imperativas para todos los estados) que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, inamnistiables y de jurisdicción universal, en virtud de lo cual todos los estados están obligados a perseguir y castigar tales crímenes y que sus víctimas tienen siempre el derecho fundamental a la justicia. En nuestro país se cometieron en las décadas de los setenta y ochenta terribles crímenes de lesa humanidad. El terrorismo de Estado se enseñoreó en el país, y se asesinaron centenares de opositores políticos, varios de ellos arrojados al mar, se hizo desaparecer otros cientos de ellos, se torturó sistemática y masivamente, funcionaron decenas de cárceles clandestinas regentadas por agentes del Estado, verdaderos centros especializados de torturas y métodos crueles, mujeres embarazadas fueron ejecutadas, se implementaron técnicas de eliminación de cadáveres en hornos crematorios y fosas comunes. Todos estos repugnantes métodos fueron ejecutados con carácter sistemático y masivo, que violan las normas más elementales del derecho internacional, normas que Chile está obligado a cumplir, a riesgo de transformarse en los denominados "estados basuras" que no cumplen las normas internacionales en esta materia. Por favor, no sigamos con el autoengaño ante esta tragedia nacional y no mantengamos discusiones banales acerca de si estos crímenes son secuestros u homicidios. En Chile se implementó desde el estado una de las figuras más perversas del terrorismo: la desaparición forzada de personas es el último eslabón de una cadena fatídica: secuestro de la persona, encarcelamiento clandestino, tortura, muerte clandestina y desaparición de sus restos, concretándose asi la desaparición forzada. Atendido que esta figura penal no esta tipificada en nuestra legislación interna, los jueces nacionales al investigar este crimen atroz se han percatado que configura el delito de secuestro, el que tiene el carácter de permanencia en el tiempo. Por favor, no sigamos autoengañándonos: éste es el crimen masivo que en Chile cometieron los agentes de la dictadura militar. El pretender establecer la impunidad, cualquiera sea la forma que adquiera, pretender que las graves transgresiones de los derechos humanos no conlleva ninguna consecuencia (o consecuencias simbólicas) seria instituir la injusticia como elemento regulador de la sociedad y equivaldría a colocar a un sector de ésta por encima de la ley y, por lo tanto, de los demás. Aceptar la impunidad como regla de convivencia política equivaldría a aceptar el crimen como norma reguladora de los conflictos entre los seres humanos. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, un organismo público que representa los intereses de la sociedad, tiene la obligación legal, moral e irrenunciable de reforzar las tesis jurídicas que llevan a cumplir los compromisos internacionales en materia de crímenes contra la humanidad; no asumir la postura contraria, doméstica, de ignorar lo que la comunidad internacional, en aras de la paz y seguridad mundial, persigue y sanciona. Si no le es posible cumplir con las obligaciones que le impone su cargo, y no seguir comprometiendo internacionalmente al Estado chileno, al pretender imponer que la autoamnistía dictada por Pinochet es interés del Estado, debería, en un acto de responsabilidad, renunciar a su cargo y asumir derechamente la representación de los procesados e imputados en las causas por violaciones a los derechos humanos. Está en todo su derecho a hacerlo, pero desde el mundo privado.
Publicado en el diario La Segunda, Jueves 28 de Octubre de 2004 |