Revisar hechos pasados.

Columnista invitado: Emilio Filippi M.

Se ha puesto de actualidad en las últimas semanas la actuación más dinámica de los jueces que investigan situaciones pretéritas, relacionadas con violaciones a los derechos humanos, una de las cuales corresponde a lo ocurrido a un pequeño que vivía en la capital y que fue asesinado en junio de 1979.

En la oportunidad, la versión oficial apuntó, en un comienzo, a que el chico habría sido secuestrado y estaría en poder de un grupo de desalmados. Posteriormente, se cambió cuando el cadáver del menor Rodrigo Anfruns Papi fue encontrado entre unos matorrales. De acuerdo al informe de la Policía de Investigaciones de la época, el pequeño había sido asesinado poco antes del hallazgo.

A partir de esos antecedentes, la policía determinó que se trataría de un crimen corriente, en el cual habrían participado otros menores, inculpando como presunto autor material a un tal PPV. Este hecho ocurrió en tiempos en que era ministro del Interior el abogado Sergio Fernández, y director de Investigaciones el general Ernesto Baeza. La versión oficial del gobierno se mantuvo por largo tiempo y así ha quedado consignada en la historia de sucesos macabros que, hasta ahora, carecían de una solución razonable...

¿Quiénes están detrás?

Después de todo este tiempo transcurrido, la primitiva versión del asesinato del menor Rodrigo Anfruns ha vuelto a ponerse en el tapete de la discusión jurídica. Aunque esta vez los tribunales deberán resolver si procesan o no al ex ministro Fernández, hoy senador por la Región de Magallanes, y al ex subsecretario del Interior, Enrique Montero Marx, bajo la acusación de haber ocultado o tratado de ocultar evidencias que pudieran en su tiempo haber permitido dar una luz que mostrara lo que verdaderamente habría ocurrido con el menor.

Constatada la exacta y precisa data de muerte, la justicia tendrá que investigar y resolver la validez de la tesis de secuestro, la cual podría fundamentarse en que las laceraciones que mostraba el cadáver del muchacho habrían sido producidas por fuerzas de seguridad que, ante lo sucedido, decidieron abandonar el cuerpo en el mismo lugar en que fue encontrado. También deberá dilucidarse las razones que movieron a la policía a obstaculizar e impedir el trabajo profesional de los médicos forenses y encargar esta diligencia a un no especialista que, por supuesto, no pudo rendir un informe adecuado.

Será interesante para Chile, y no sólo para la respetable familia de la víctima, seguir el rumbo que tomen los tribunales en el futuro inmediato para definir excatamente lo que ocurrió y, a la vez, si hay responsables de hechos dolosos que deban asumirlos y responder por ellos en la forma que la legalidad determine. El país entero, y no sólo en este caso específico, precisa saber qué sucedió y quiénes participaron de una forma u otra para llegar al horrible desenlace que todo el país ha lamentado y del cual se espera la reparación social correspondiente.

Otros caso Matute

La madre de Rodrigo Anfruns, en declaraciones públicas, ha señalado que le gustaría enfrentar a las autoridades de entonces para que, a cara descubierta, explicasen qué razones podían sustentar la versión peregrina que dieran acerca de lo que en 1979 verdaderamente ocurrió con el muchacho y las justificaciones legales y morales que podrían respaldar la actitud de quienes tenían entonces el poder de resolver.

Es posible que, ante la exigencia de actuar ahora de acuerdo con este criterio rector, surja en ellos, como un imperativo superior, la necesidad de hacer luz en tan escabroso asunto, y ayudar a que, al margen de consideraciones de carácter político contingente, se imponga un criterio escrupuloso de decencia cívica.

Si al caso del chico Anfruns sumamos lo sucedido con el joven Jorge Matute Johns, situación que ha impactado, como es lógico, a todos los penquistas y habitantes de la Región del Biobío, veremos que son muchas las familias chilenas de todas las clases sociales que sienten el dolor de la pérdida violenta de algún ser querido, y la necesidad de tener una reparación justa ante la inconsolable ausencia de quienes son recordados con intransable amor y merecen una constante y justa evocación.

Publicado en el diario El Sur de Concepción el 24 de Febrero de 2005