En el banquillo de la opinión pública.

Repugnante, el tema del abuso sexual contra menores produce un rechazo inmediato y sin atenuantes. Cuando Gemita Bueno era la heroína de nuestros titulares diarios, sus denuncias generaban invariablemente fuertes reacciones, incluyendo el deseo generalizado de hacer justicia por propia mano. ¿Cómo no sentir como propias las mutilaciones de “Margarita”, torturada cruelmente y posiblemente asesinada? Hace unos días Gendarmería optó por trasladar desde el penal de Calama al padre de una niña abusada y embarazada a los nueve años de edad ante el temor de que los otros reos terminaran por lincharlo. En Chile y en la mayor parte del mundo se rechaza de plano una práctica que, sin embargo, siempre tiene adeptos, como se descubrió tras el maremoto asiático, donde ha florecido la venta de huérfanos a precios de liquidación.

En este panorama, es comprensible el efecto devastador de la secuencia de acontecimientos desatados en torno al senador Jorge Lavandero desde que se formalizó la investigación en Temuco hasta que Canal 13 presentó su programa Contacto el jueves pasado.

Todos quisiéramos que las incógnitas del caso se despejaran lo antes posible, pero se ha dispuesto de un plazo de cinco meses para que el fiscal Xavier Armendáriz complete la investigación, por lo que solo cabe esperar. Pero es difícil hacerlo frente a un caso en que hay acusaciones tan graves y que, en virtud de la reforma procesal, se está ventilando en medio de la plaza pública.

Bendita transparencia, bienvenida sea, pero ojalá tomemos conciencia de que, en la etapa actual, la profusa información es solo eso, no el resultado final de la investigación ni, menos, una condena o una absolución.

Para los santiaguinos, a los cuales todavía nos faltan unos meses para integranos al nuevo sistema, lo ocurrido en la audiencia realizada en Temuco resulta difícil de calibrar. Es casi imposible no entenderlo como el final del proceso, especialmente después de haber leído, escuchado o visto un abundante material periodístico que reafirma los dichos del fiscal Armendáriz. Tampoco es fácil, sin embargo, para los públicos que ya entraron en la nueva era judicial. Hasta antes de la reforma, los tribunales se pronunciaban al final del proceso, cuando el juez se había formado una impresión y entregaba su fallo. En este caso, en cambio, el fiscal está todavía en una etapa anterior, en la cual ya ha avanzado en la investigación, pero todavía no formula acusaciones. Falta todavía para ello. Conviene recordar que ni lo que dice Bruno Coulon ni los testimonios de las otras denunciantes, pese a su gravedad, se han probado hasta ahora. Es posible que ello ocurra. Pero no ha ocurrido.

Parece absurdo -o ingenuo- recordar el principio de la presunción de inocencia cuando el poderoso tribunal de la opinión pública ya emitió su fallo condenatorio. Ya se pasó del “algo habrá” inicial al franco rechazo de los intentos de defensa del senador Lavandero. Esto último, hay que reconocerlo, es en gran parte culpa suya o de quienes quisieron ayudarlo con escasa fortuna, como el abogado Camilo Salvo. Nada ha sido tan dañino, sin embargo, como las intervenciones del propio parlamentario: contradictorias y confusas, verdaderos “manotazos de ahogado”.

Como fuere, en aras de la justicia, que incluye la transparencia y el derecho a la información como parte del ejercicio ciudadano, es de esperar que esta situación llegue pronto a su término. Ojalá a feliz término.

Publicado en el diario El Sur de Concepción Enero de 2005