Los crímenes de la “democracia” mexicana.

El jueves 3 de octubre de 1968 el diario “Excélsior” contó lo ocurrido el día anterior: “Nadie observó de dónde salieron los primeros disparos. Pero la gran mayoría de los manifestantes aseguraron que los soldados, sin advertencia ni previo aviso comenzaron a disparar. Los disparos surgían por todos lados, lo mismo de lo alto de un edificio de la Unidad Tlatelolco que de la calle donde las fuerzas militares en tanques ligeros y vehículos blindados lanzaban ráfagas de ametralladora casi ininterrumpidamente...”.

Con esta sangrienta tragedia culminó en Ciudad de México la serie de manifestaciones estudiantiles que sacudió al mundo entero luego de las épicas jornadas de mayo y junio, en París.

En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco había testigos de primer rango, incluyendo a la ya famosa periodista Oriana Fallaci. Su testimonio, como el de observadores mexicanos, especialmente la escritora Elena Poniatowska, sirvió de poco a la hora de establecer responsabilidades. Por casi cuarenta años, un velo de silencio oficial impidió que se profundizara en la verdad de lo sucedido y se lograra justicia. En los últimos días, sin embargo, como resultado de la histórica derrota del PRI, el partido que gobernó México durante décadas, finalmente las autoridades han asumido sus culpas. El gobierno de Vicente Fox, a través de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pidió esclarecer lo ocurrido “durante la prevalencia del régimen autoritario”. El informe del fiscal especial Ignacio Carrillo acaba de publicarse en Internet.

La polémica en torno a la asunción de Felipe Calderón ha empañado toda otra noticia. Pero para muchos mexicanos, como ha ocurrido en casos parecidos, desde Sudáfrica a Chile, lo más destacable de este informe es el develamiento de una organización terrorista amparada por el Estado. Según resumió “The New York Times”, “es la primera vez que el gobierno mexicano acepta la responsabilidad por lo que se conoce como ‘la guerra sucia’, durante la cual la policía y el ejército ejecutaron a más de 700 personas sin juicio alguno, en muchos casos después de torturarlas”.

Por una brutal paradoja, en el banquillo de los acusados están tres gobiernos mexicanos que salvaron la vida de muchos chilenos después del golpe de 1973. Como dice el fiscal Carrillo: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo permitieron que se ejecutara “un plan autorizado para acabar con las disidencias políticas”.

Ya sabíamos que la democracia del PRI no era perfecta. Ahora conocemos su ferocidad.

Noviembre de 2006