Malos augurios para la prensa

Desde 1990, cuando la Unesco estableció el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por lo menos 316 periodistas han muerto en cumplimiento de labores profesionales, 42 de ellos el año pasado. Actualmente, según cifras de la organización “Reporteros sin fronteras”, más de 130 están detenidos en todo el mundo.

No es un buen balance. Desde Medio Oriente hasta Colombia, donde los periodistas han quedado en medio del fuego cruzado de paramilitares y militares, autoridades y señores de la droga, la tarea de mantener informados a los públicos sigue siendo terriblemente insegura.

Es, también, una tarea sobre la cual se derrochan adjetivos positivos... mientras no se toquen los intereses (o, peor, las vanidades) personales o institucionales. Igual que para “Reporteros..”, aquí tampoco hay fronteras.

Eso explica el énfasis del director de la Unesco, el japonés Koichiro Matsuura, en su mensaje con motivo de la conmemoración de este año: “La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa debe hacernos reflexionar sobre las formas de convencer por doquier a los gobiernos y las autoridades de que respeten la contribución vital de los medios de comunicación a la construcción de una paz, una democracia y un desarrollo sostenibles”.

En Chile creemos, oficial y explícitamente, en la importancia de la libertad de expresión. Pero, ¿es así en la práctica? Tras la recuperación democrática, la historia de la última década está llena de altibajos. El debate más reciente, hasta la semana pasada, se refería a los excesos de algunos medios, sancionados éticamente pero que permanentemente hacen surgir la tentación de imponer nuevas restricciones, como las que imperaron durante el régimen militar.

También se discute la legislación en trámite en el Congreso. Debería haber resuelto el más delicado tema, el de la figura del “desacato”, pero está visto que a los parlamentarios les cuesta desprenderse de las corazas legales con que se protegen.

Todavía había algo más, sin embargo. Una jueza ha hecho tabla rasa con disposiciones básicas de la Ley de Prensa como el secreto profesional.

El martes 26 de abril, efectivos de la Brigada Investigadora del Cibercrimen y del Departamento Quinto de la policía de civil incautaron dos computadores del diario electrónico El Mostrador, en el marco de las diligencias por el atentado que afectó al consulado de Brasil en Santiago.

La orden la dio la jueza Gloria Ana Chevesich, amparándose en disposiciones de la Ley Antiterrorista. Lo grave del asunto es que en los discos duros no sólo estaban los correos que buscaba, sino otro material periodístico.

Según el editor del diario, “el aviso previo que nos había dado esta brigada era que sólo se revisarían algunos mails, con el objeto de tomar más antecedentes respecto de algún correo que pudiera explicar el origen del mail que dio aviso acerca del atentado en el consulado de Brasil”.

Es una lástima, pero seguramente el categórico mensaje del director de la Unesco no estaba en los archivos incautados. Yo le recomendaría su lectura a la jueza Chevesich.

Publicado en el diario El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas el lunes 3 de mayo de 2004