¿A la par que Cuba?
Cada uno lo verá desde su particular punto de vista. Para unos, será el peor indicador a la hora de hacer el balance del primer año del gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Para otros, indica, mejor que ningún otro parámetro, el ''paso de caracol'' con que avanza el Congreso en esta materia. Para ser sinceros, sin embargo, es el conjunto de la sociedad chilena -con su indiferencia- lo que ha permitido que esta semana desde empresarios periodísticos (agrupados en la SIP) hasta defensores de derechos humanos (Human Rights Watch, HRW) hayan coincidido en que la situación de libertad de prensa en Chile está ''a la retaguardia en el continente'' y sólo es mejor que en Cuba. Lo dijeron, a mitad de semana, José Miguel Vivanco, de HRW, y Danilo Arbilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Demostraciones? Ninguna tan elocuente como la increíblemente lenta tramitación de la Ley de Prensa, cuya buena intención inicial era asegurar una legislación positiva, que impidiera censuras, clausuras y otras limitaciones arbitrarias. Algunos ya ni se acuerdan que a comienzos del gobierno del presidente Aylwin se había logrado un alto grado de consenso entre los periodistas y los propietarios de los medios, que parecía augurar un rápido despacho de la ley. Casi nueve años después ¿qué ha pasado? El ''miedo a la libertad'', como lo llamó premonitoriamente Erich Fromm, hizo que los parlamentarios estamparan la huella de su desconfianza en decenas de indicaciones y salvaguardias que han frustrado hasta ahora la aprobación del proyecto. La afirmación de José Miguel Vivanco de que es ''impresentable que en Chile y en democracia se crea que hay un problema de seguridad nacional cuando se emiten juicios contra la autoridad pública'', es quizás el punto central de la discusión. Que se haya aplicado estas disposiciones contra la periodista Alejandra Matus y su obra ''El Libro Negro de la Justicia Chilena'' borró, ante el mundo, la imagen de Chile como país libertario. Que hace unos días, el general Gabrielli, de breve paso por la comandancia en jefe de la Fach, haya usado el mismo recurso es, como suele decir el incisivo observador que es Guillermo Blanco, ''el do de pecho'' en la materia. Unas 300 autoridades pueden recurrir a la Ley de Seguridad del Estado para defenderse de los supuestos agravios de los periodistas, lo que los convierte en una clase privilegiada, sólo comparable a la ''Nomenklatura'' que existía en la desaparecida Unión Soviética. Si la gran mayoría no entiende que la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas sino una necesidad de la sociedad en su conjunto para desarrollarse plenamente, corregir defectos e insuficiencias (y también para premiar a quienes lo hacen bien), todo este esfuerzo de denuncia y toma de conciencia del gremio y de los grupos de derechos humanos terminará siendo inútil. Al final, los países tienen la libertad que se merecen... o que son capaces de ganar.
Publicado en El Sur de Concepcion. sábado 17 de marzo de 2001 |