Responsabilidad y libertad de expresión

Treinta años después, tras una película ("Missing") de impacto mundial, varios libros y centenares de artículos periodísticos, finalmente la muerte del norteamericano Charles Horman encontró su camino en la justicia chilena. El juez Jorge Zepeda decidió someter a proceso al coronel retirado de la Fuerza Aérea Rafael González Verdugo, en calidad de cómplice de homicidio calificado.

Múltiples reflexiones se pueden hacer sobre el hecho. Lo importante, sin duda, es que el caso ha llegado al lugar donde siempre debió estar: los tribunales. Se puede, por supuesto, cuestionar la tardanza. Igualmente es posible preguntarse acerca de la falta de reacción de nuestra sociedad frente a este crimen y otros parecidos.

Pero hay una pregunta quemante: ¿esta larga espera, por no hablar de desidia, se habría evitado si los chilenos hubiéramos tenido cabal conocimiento, en su momento, de lo que estaba ocurriendo?

La pregunta adquiere una dramática validez en estos días, luego de que por una decisión del Poder Legislativo empiezan a concretarse nuevas y drásticas restricciones a la prensa. La Federación de Medios de Comunicación Social dijo que el proyecto sobre protección de la privacidad, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, es "la más grave amenaza a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia".

Una serie de desafortunadas circunstancias ha facilitado que se legislara, como dice la Federación de Medios, con "premura... y sigilo", ignorando "por completo la propuesta que envió el Presidente Lagos y que fue el fruto del trabajo técnico de expertos contratados por el gobierno y de las asociaciones de prensa, radio y televisión".

No es, obviamente, un misterio: se legisla en días en que el ambiente está cruzado de graves acusaciones "al voleo" contra parlamentarios; en que se incurre permanentemente en prácticas riesgosas, como el uso de cámaras escondidas o el trabajo de "noteros" que actúan como periodistas y cuando -permanentemente- se ventilan en pantalla las más recónditas intimidades de los personajes de la farándula. Así las cosas, era casi inevitable que los parlamentarios, como lo han hecho en otras ocasiones, pusieran en la balanza los principios y sus propias desafortunadas experiencias con los medios hasta concluir que más vale curarse en salud.

Lo anterior no justifica los desbordes periodísticos. Tampoco la reacción parlamentaria. La experiencia muestra que es preferible correr el riesgo de los excesos a imponer la mordaza. El resultado, por doloroso que sea para las personas afectadas en su honor o su vida privada, siempre es menos peligroso: una sociedad que esconde sus problemas -violaciones a los derechos humanos, corrupción, crímenes atroces, etc.- bajo la alfombra, termina pagando un precio mayor. Las heridas no cicatrizan; los hijos les piden a sus padres que rindan cuentas; los noticiarios se solazan ante las tumbas tardíamente descubiertas, los traumas personales nunca superados. Los fantasmas, en suma, no descansan.

Hay "bienes en juego", ha dicho la Federación de Medios: "libertad de expresión, vida privada, interés público". Ellos deberían ser apreciados, agrega, "con la debida ecuanimidad", con serenidad y altura de miras.

Todavía es tiempo.

Publicado en el diario El Sur de Concepción lunes 15 de diciembre de 2003