Guerrilleros de la blogosfera...

Columna Tecnológica por José Miguel Santibáñez

La semana pasada, fue especialmente activa para la blogosfera. Por una parte, grupos de fanáticos de Harry Potter insisten en publicar sus traducciones no oficiales y en menos de tres días, ya completaron una buena traducción.

Por la otra, estalló el “Acuerdo Marco de Colaboración” firmado a principios de Mayo entre Microsoft y Ministerio de Economía, un bloguero difundió el contenido del acuerdo (aunque estaba disponible en el sitio del ministerio) y como tituló un bloguero poético “La blogosfera estalló en llamas”.. Y en un par de días se sucedieron páginas, fotos trucadas, informaciones de prensa, aclaraciones y desmentidos públicos, etcétera. Aunque es bastante lo que se ha escrito (¡cuánta tinta, cuantos bytes derramados!), creo relevante citar:

Es necesario alertar acerca de los alcances de este Proyecto, principalmente porque la implementación de estas medidas provocaría la violación del principio de neutralidad tecnológica, incluido en los acuerdos internacionales suscritos por el país y de la tendencia mundial sobre la materia. Esta regla sostiene que debe respetarse el derecho de decisión de los usuarios, quienes pueden elegir libremente entre los programas de fuente abierta, comerciales y libres, de manera que tengan acceso a servicios competitivos y de calidad

Si bien el Estado es uno solo, no es menos cierto que las necesidades de cada órgano dentro de la administración pública son diferentes y, por ello, debe respetarse el conocimiento que cada uno tiene de su área de competencia, las cuales deben estar bien definidas al momento de una licitación de plataformas informáticas. Además, hay que recalcar que lo realmente importante es el uso y buena administración que se le dé a la tecnología, independiente del programa elegido

No, no lo dijo ningún bloguero defensor del software libre, ni lo hizo respecto de este acuerdo específico. Las palabras provienen del Sr. Raúl Ciudad, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) como respuesta ante la aprobación por parte de la cámara de diputados del proyecto de acuerdo Nº 368, a través del cual se solicita a la Presidenta de la República disponer la implementación en las oficinas de la Administración del Estado (presidencia, ministerios y servicios públicos) del sistema de software libre en las plataformas informáticas de sus dependencias, así como implementarlo en la malla curricular de los establecimientos educacionales del país, realizando una campaña nacional de difusión de mismo.

Pero no es sólo eso, otro miembro de la ACTI agrega: “el principio de neutralidad tecnológica es un derivado del derecho internacionalmente reconocido a la igualdad y a la no discriminación, aplicado al uso, promoción y adquisición de tecnologías de información. Por ello, permite al usuario la libre elección de las distintas opciones de tecnología existentes en cada momento, otorgándole la posibilidad de seleccionar la que mejor satisfaga sus necesidades y le brinde lo óptimo en cuanto a desempeño, mérito técnico, funcionalidad, seguridad, calidad, valor de la inversión, garantías, facilidad de uso, soporte técnico e interoperabilidad, entre otros”. Y continua indicando que la propuesta de los diputados “podría violar garantías constitucionales, tales como el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación. Asimismo, podría considerarse afectado el principio de libertad económica, libre concurrencia y economía social de mercado” si impone una plataforma específica.

Las palabras no pueden tener significados diferentes para uno u otro proyecto (aunque haya quien afirme que de ello vive la política). Más allá de nuestras preferencias personales el principio de que debe imperar es el de neutralidad tecnológica y de libre derecho a la elección de las herramientas.

No es, ni debe ser, cuestionable ni discutible si a Ud. le gusta Windows, Mac o Linux; ni si quiere utilizar Internet Explorer, Safari, Opera o FireFox.

Internet es un ambiente abierto, con estándares conocidos y ningún sitio debiera (y por definición ninguno de los del Estado) obligar a sus visitantes a usar uno de ellos. Creo que mantener esa libertad de elección es fundamental y que así como no queremos que el Estado nos obligue a comprar una marca de vehículos; tomar una marca de bebidas; o usar una marca de ropa de vestir, tampoco nos debe obligar (ni inducir) a utilizar una marca de software computacional. En ese sentido, ambos proyectos merecen reparos (aunque claro, sólo uno de ellos ya está completamente firmado y obliga al Estado a invertir en una marca particular).

Creo en el derecho a la libre elección, y claro, seguiremos bombardeados por informaciones de quienes creen que uno (u otro) es la mejor opción. Pero eso es válido y bueno, en la medida que podamos tomar decisiones más informadas.